Unificar préstamos permite a las familias un respiro económico entorno a 900 euros, según los datos del Observatorio de la Financiación Familiar, elaborado por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.

El estudio también revela un descenso del 60% en nuevas operaciones formalizadas, pese al incremento (50%) de las solicitudes de los consumidores que tienen una media de entre tres y siete préstamos.

Las condiciones impuestas por las entidades a la concesión de créditos hipotecarios, requisito indispensable para unificar deudas, se han endurecido, ya que antes de la crisis financiaban el 100% y ahora solo llegan hasta el 70%

En cuanto al precio del dinero que se tiene que devolver, el informe indica que los diferenciales mínimos que se fijan han crecido hasta el 0,35%.

La angustiosa situación de las familias les aleja de bancos y cajas, pero les acerca a empresas de préstamos rápidos y reunificadoras de deudas.

Estas empresas ofrecen servicios de intermediación entre el cliente y el prestamista cobrando comisiones muy desproporcionadas por sus servicios.

Reunificadoras de deudas soluciones:

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Reunificacion de préstamos

La nueva ley que regula la contratación con los consumidores de hipotecas, créditos rápidos y reunificación de deudas con entidades no financieras, acaba de entrar en vigor. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el primero de abril esta anhelada norma tanto por las asociaciones de defensa del consumidor y por las entidades bancarias.

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamos o créditos.

El propósito de esta normativa es proteger los derechos e intereses de los consumidores ante el incremento, en los últimos años, de las entidades no financieras (empresas que solo prestan dinero) y los servicios de intermediación (reunificación de deudas).

El desenfrenado desarrollo del mercado inmobiliario trajo consigo un incremento trepidante del crédito para vivienda por parte de estos establecimientos financieros, que solo estaban sujetas a la legislación general de protección de los consumidores.

Volviendo al tema central, la Ley obliga a informar con total transparencia y sin ningún coste todas las condiciones y clausulas del contrato a los consumidores. También, esta información tiene que estar disponible en la web de la entidad. Por tanto, las empresas no podrán cobrar más que las tarifas pertinentes y las comisiones deberán argumentar a servicios naturalmente prestados o a gastos originados.

Los establecimientos tienen que contratar un seguro de responsabilidad civil o aval bancario que cubra las obligaciones en que pudieran incidir frente usuarios.

Para má información sobre esta nueva ley puede visualizar el siguiente texto: Ley 2/209 en el Boletín Oficial del Estado.